La parlamentaria por el PSOE de Córdoba Ana Romero ha cuantificado en alrededor de 18.000 los jornaleros y jornaleras que se beneficiarán en la provincia de Córdoba de la reducción a 10 peonadas decretada por el Gobierno de España para que puedan acceder al subsidio y renta agraria hasta junio del próximo año, una medida con la que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez intenta plantar cara a los efectos de la sequía tras la caída de las precipitaciones un 26% en el último año hidrológico, las previsiones de malas cosechas en el campo y las consecuencias de la inflación.
Romero recordó que se trata de la “segunda reducción que aprueba el Gobierno este año” para facilitar a las personas trabajadoras la posibilidad de cumplir con el mínimo de jornadas necesarias para acceder a estas prestaciones sociales, ya que en marzo pasado, en el marco del real decreto-ley 4/2022 de medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía, ya se bajó el número de jornadas mínimas de 35 a 20 y que ahora se sitúa en 10.
La socialista indicó que esta iniciativa beneficiará a los trabajadores eventuales que desarrollan esta actividad mayoritariamente en las comunidades de Andalucía y de Extremadura, y dentro de ellas en la provincia de Córdoba, en tanto en cuanto es una de la principales en extensión de olivar y producción de aceituna y aceite de oliva.
“La previsión debido a la sequía es de una importante caída del 47 % de la cosecha este año en España y de un 49,1% en Andalucía con respecto a la anterior, además de la producción más baja de las siete últimas campañas, al situarse en cerca de 800.000 toneladas en esta campaña”, refirió la diputada, quien destacó que la reducción del número de jornadas reales cotizadas será efectiva desde el próximo martes 1 de noviembre hasta el 30 de junio 2023.
La evolución negativa de las precipitaciones ha empeorado las perspectivas en cuanto a previsión de producciones, lo que ha hecho necesario reforzar y extender las medidas de protección, sobre todo, ante unas perspectivas de importante reducción en la cosecha del olivar.
Ana Romero incidió en que precisamente el olivar demanda una gran cantidad de mano de obra y resulta especialmente perjudicado ante esta situación climática adversa, una de las causas por lo que se ha aprobado reducir el número de jornadas cotizadas como ya sucedió en 2012 y 2019, con descensos en la recolección del 54 % y del 53 % respectivamente con respecto a la cosecha precedente, y en las que se aprobó una reducción a 20 del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio.
“Dado que el grueso de la cosecha del olivar finalizará en marzo de 2023, y que se prevé que sea escasa, es también previsible que desciendan de manera notable los jornales correspondientes necesarios para la recolección, que perjudicará las perspectivas laborales de las personas trabajadoras eventuales que habitualmente desarrollan su actividad en el olivar, también a lo largo del próximo 2023”, sostuvo Romero.
PROMESA FALLIDA DE LOS 600.000 EMPLEOS
Frente a las medidas articuladas por el Gobierno de España, la parlamentaria socialista instó al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, a “rebajar su euforia y actitud propagandística” y tomar “medidas reales porque Andalucía lidera el paro, es la comunidad española con mayor fuga de empresas y su PIB ha bajado un 3,5% desde que gobierna”, por lo que lamentó que “el gran potencial que tiene Andalucía sufre un frenazo con la gestión del PP”.
Así, le reprochó la “promesa incumplida en el anterior mandato de crear 600.000 empleos”, a lo que sumó que los datos de la gestión de Moreno Bonilla desde que gobierna son “demoledores, ya que cuatro de cada 10 parados españoles son andaluces, el 27% de ellos de larga duración, y la comunidad lideró en septiembre pasado el paro por tercer mes consecutivo”.
“Moreno presume de atraer inversiones con el regalo fiscal a las grandes fortunas, pero la realidad le desmiente, con 23.000 empresas menos en Andalucía que cuando llegó hace cuatro años”, relató la socialista, quien puntualizó que el 86% de las empresas que han cerrado en España desde 2018 son andaluzas.
La parlamentaria instó a Moreno Bonilla a ejecutar los dos planes especiales de empleo consignados por el Gobierno de España para la comunidad en los Presupuestos Generales del Estado y dotados con 100 millones de euros, planes que “deberían articularse junto con los ayuntamientos para desempleados de entre 30 y 44 años y de más de 45 años”.
Ana Romero también urgió al presidente andaluz a incluir en los Presupuestos andaluces para 2023 partidas específicas “para propiciar y garantizar como un derecho el primer empleo joven a través de una convocatoria en la que se implique al tejido empresarial”.
