La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, ha afirmado hoy que “el PSOE llegará a las últimas consecuencias” ante la noticia “inquietante y preocupante que hemos conocido hoy referente al desvío por parte del Gobierno de Moreno Bonilla de más de 117 millones de euros a la sanidad privada” y que, en palabras de la socialista, prueban que “ya no es que estén inyectando dinero a la sanidad privada para deteriorar a la pública, sino es que lo están haciendo de una forma ilegal, porque lo están adjudicando a dedo utilizando un decreto que el Gobierno sacó cuando estábamos en plena pandemia y que quedó derogado”.
En una atención a medios en Santaella previa a una visita a una empresa del sector agroalimentario, Crespín ha explicado que “hemos conocido hoy por la prensa que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha utilizado un decreto que se activó en plena pandemia para que la contratación pública pudiera ser más ágil y rápida en la atención de las consecuencias del Covid”, un decreto que “había sido derogado posteriormente y que no se podía utilizar para contrataciones rápidas, pero que han seguido usándolo para adjudicaciones a dedo, supongo que a unos amiguetes más que a otros de la sanidad privada, con recursos que es un dinero público”.
En este punto, ha insistido en que “desde el PSOE vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con respecto a este hecho y vamos a seguir exigiendo a Moreno Bonilla que no siga engañando a los andaluces y andaluzas, sobre todo con el desmantelamiento de uno de los derechos que nos hace iguales a todos los ciudadanos, como es la sanidad”.
La socialista abundó en el desvío masivo de fondos a la sanidad privada “sin control y a dedo” de al menos 117 millones de euros sin control legal ni presupuestario entre 2021 y 2022, pese a que las adjudicaciones directas en base al decreto por la pandemia, sin concurrencia competitiva ni publicidad, fueron derogadas el 9 de mayo de 2021.
El gobierno andaluz habría cometido una doble ilegalidad: por una parte, llevar a cabo adjudicaciones a dedo masivas a empresas de sanidad privada sin fundamento legal, sin concurrencia competitiva y sin control presupuestario; y, por otra, modificar un contrato original de 70 millones de euros hasta casi 227 millones, más del triple de la cantidad presupuestada, sin las modificaciones contractuales, legales y presupuestarias preceptivas, incumpliendo la legislación de contratos públicos y los procedimientos vigentes.
“Mientras Moreno Bonilla despedía en octubre de 2021 a 8.000 sanitarios que eran esenciales para garantizar una atención sanitaria digna a los andaluces y andaluzas, daba cientos de millones de euros a dedo y sin control a la sanidad privada, cuando ya no había pandemia”, espetó Rafi Crespín, quien agregó que el PSOE iniciará una “investigación exhaustiva” sobre estos hechos por lo que exigirá al Gobierno andaluz que de manera urgente remita todas las adjudicaciones, contrataciones, adendas, ampliaciones y empresas relacionadas con estas adjudicaciones irregulares realizadas por toda Andalucía para analizar quienes han sido los beneficiarios de estos contratos y al precio que se han cobrado los servicios.
