El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha denunciado que la empresa pública de residuos y medio ambiente Epremasa atraviesa una situación de bloqueo estructural marcada por el desgobierno, la inseguridad jurídica y el incremento progresivo de costes. Tras el Consejo de Administración celebrado hoy, ha advertido de que la falta de dirección política y técnica “ya está teniendo consecuencias económicas y operativas que terminarán repercutiendo en los ayuntamientos y en los vecinos y vecinas”.
El primer revés es contundente: el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) ha anulado los pliegos de una externalización valorada en 773.000 euros al apreciar errores e ilegalidades manifiestas. Para el PSOE, no se trata de una cuestión menor ni de un simple trámite administrativo, sino de “una enmienda a la totalidad a la gestión del equipo de gobierno”.
Pero el problema no termina ahí, ha continuado Morales, que alude a que el contrato provincial de mantenimiento de la Planta de Montalbán acumula más de dos años caducado y continúa en prórroga forzosa, sin que el equipo de gobierno haya fijado un calendario para su renovación. Dos años sin marco contractual estable en una infraestructura clave para la gestión de residuos en la provincia.
Según denuncian los socialistas, esta falta de planificación está provocando que la planta opere al límite y sin las inversiones necesarias para optimizar el tratamiento. La consecuencia es directa: aumentan las toneladas que terminan en vertedero justo cuando el impuesto por depósito se ha incrementado. “Más residuos enterrados significa más coste para la empresa y más presión económica para los municipios”, ha alertado para agregar que “cada tonelada que no se trata adecuadamente es dinero que sale del bolsillo de los ayuntamientos”.
Lejos de corregir el rumbo, el Consejo ha aprobado hoy la incorporación de un camión adicional por 7.018 euros mensuales dentro de un contrato técnicamente agotado. “Más gasto sobre una estructura vencida, peor planificación y ningún horizonte claro”, resumen desde el Grupo Socialista.
El portavoz socialista ha sido tajante: “Lo que hay en Epremasa es ausencia de dirección política y técnica. Pliegos mal hechos que tumba el tribunal, contratos que llevan dos años vencidos, infraestructuras al límite y costes crecientes. Esta cadena de errores no la va a pagar el Partido Popular: la van a pagar los municipios y los vecinos y vecinas con una subida de tarifas”.
Ante todo ello, el PSOE ha exigido al presidente de Epremasa, Andrés Lorite, un calendario público, concreto y cerrado para la licitación y adjudicación del nuevo contrato provincial, al tiempo que ha cuestionado que se sigan externalizando funciones estratégicas a 47,56 euros la hora cuando la solución estructural pasa por reforzar la plantilla técnica propia y recuperar una gestión planificada y estable.
“Lo que está en juego no es sólo un contrato”, concluyen los socialistas, “es la calidad del servicio público de residuos en la provincia y el dinero de miles de familias”.
