El senador por el PSOE de Córdoba Alfonso Muñoz Cuenca, que ha defendido esta semana en el pleno de la Cámara alta el proyecto de ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas de amianto, ha aplaudido que esta norma haya sido dictaminada por unanimidad y que el Gobierno de Pedro Sánchez salde una “deuda histórica” con los trabajadores que han sufrido esta enfermedad laboral.
Con esta ley, afirma Muñoz Cuenca, será “el Estado quien reclame judicialmente a las empresas la restitución del daño provocado, situándose en la posición del perjudicado”. “Gracias a esta norma saldamos una deuda histórica con los afectados, con las víctimas y con sus familias, a quienes el Estado compensará económicamente y ayudará en la defensa de sus derechos en los juzgados”, explicó el socialista, quien rompió una lanza en defensa del actual Gobierno de España “porque se ha dicho que se ha tardado mucho en poner en marcha el fondo, pero lo ha hecho este Gobierno, el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, el Gobierno de la gente y además lo hace en este complicado momento”.
Así, sostuvo que “ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha establecido por ley la subida de las pensiones, el que ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para aumentar el sueldo de los empleados públicos y el que ahora crea este fondo de compensación para las víctimas del amianto, lo que demuestra que es un Gobierno comprometido con los problemas de la sociedad”.
El senador insistió en que “para este Grupo Parlamentario Socialista esta norma tiene una importante carga simbólica, porque mandamos un mensaje muy potente a la ciudadanía, un mensaje que dice que, ante la adversidad, ante situaciones de catástrofe y ante situaciones imprevistas en las que la gente se pueda sentir muy sola, el Estado social y democrático de derecho le acompaña y le protege”.
Muñoz cuenca apostilló que “los trabajadores son remunerados por trabajar, pero no por dejarse la vida” e instó a la sociedad en su conjunto a velar por impedir que nadie fallezca a consecuencia del trabajo, ya sea por accidente o por enfermedad.
En este punto, diferenció los accidentes de trabajo de las enfermedades profesionales, ya que “los daños no son instantáneos, sino que aparecen años más tarde, y en el caso del amianto incluso décadas más tarde”, por lo que la identificación de la enfermedad, que está derivando en gran cantidad de litigios, conllevaba dos inconvenientes, por un lado, la desaparición de muchas empresas donde se produjo la exposición, y de otro, que los trabajadores y trabajadoras hayan podido prestar servicios en diferentes empresas a lo largo de su vida laboral, lo que dificulta la identificación de la exposición concreta que generó la enfermedad.
25 MILLONES DE PARTIDA INICIAL
El fondo estatal que se crea tendrá una asignación de partida de 25 millones de euros este año y será gestionado por la Seguridad Social. Según datos que constan en la redacción del proyecto de ley, “si se hace una estimación del número anual de casos de patologías por amianto, entre los años 2003 y 2009, podrían haberse producido 7.154 casos a indemnizar en sus diferentes modalidades”. En el conjunto del país, entre los años 1994 y 2008, el número de fallecimientos vinculados directamente al amianto fue de 3.943, cifra el texto legal.
“Me siento afortunado, satisfecho y orgulloso de la política, porque aunque a menudo confrontemos distintas posiciones, hoy es uno de esos días importantes que hacen historia en el que todos los grupos nos ponemos de acuerdo para dar una respuesta unánime a una injusticia social”, refirió Alfonso Muñoz Cuenca, quien agradeció al Parlamento Vasco por la presentación e impulso de esta iniciativa; a los sindicatos por su constante defensa de los trabajadores, y a los afectados y asociaciones de víctimas, a los que pidió perdón “por haber tardado tanto en poner en marcha este Fondo, porque, aunque nada puede reparar tanto dolor, al menos hoy se pone una primera piedra para empezar a hacer justicia”.
