La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha denunciado la intención del Gobierno municipal del Partido Popular de ceder de manera directa y sin concurrencia pública la primera planta y las salas polivalentes del edificio El Granadal a la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) por un periodo de 20 años, con un canon reducido y sin posibilidad de revisión durante la duración de la cesión. Este asunto, que ya se llevó al consejo extraordinario del IMDEEC el pasado 17 de febrero, fue retirado a petición del PSOE porque las cifras económicas diferían en el cálculo del canon en 200.000 euros.
González ha calificado esta concesión como “irregular, un escándalo y un nuevo ejemplo de la política de amiguismo del Partido Popular”, señalando que esta decisión impide que otras entidades empresariales, colectivos sociales o asociaciones sin ánimo de lucro puedan optar a este espacio en igualdad de condiciones, o que el propio Ayuntamiento pueda hacer uso de sus instalaciones sin las necesita durante 20 años.
Desde el PSOE han denunciado los siguientes puntos clave de esta cesión. De un lado, falta de transparencia y concurrencia pública, ya que la concesión se ha otorgado directamente a una entidad de ámbito nacional sin permitir la participación de otras organizaciones que también trabajan en defensa del tejido empresarial y del autoempleo.
Además, se incumple el Reglamento de Participación Ciudadana del Consistorio en el que el artículo 35.2 en su apartado B recoge que entre las funciones del Consejo del Movimiento Ciudadano está la de emitir informe en el caso de “la cesión y uso del patrimonio municipal”. Este expediente de cesión no recoge dicho informe por decisión de la presidenta del IMDEEC.
Carmen González alega la “ligereza con la que se ha tratado el asunto, desde que se inicia el expediente hasta su culminación pasan la friolera de tan sólo 34 minutos”. En el decreto de inicio del expediente firmado el 12/02/25 a las 12:05 horas aparece que debe ser publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Salvo error, a día de hoy no aparece este expediente en dicha plataforma, y sin embargo la propuesta de adjudicación se firmó el 12/02/2025 a las 12:39 horas.
Además, ha agregado que plantean un canon irrisorio, esto es, el coste que ATA deberá asumir por este espacio está muy por debajo de su valor real, lo que supone un uso ineficiente de los recursos municipales. “El canon que deberían aplicar es de 63.401,37 euros anuales, pero el IMDEEC argumenta que debido a unas obras que ATA va a acometer de mejora de supuestamente 781.573,33 euros se reduce el canon a 24.322,71 euros”, ha explicado. Desde el PSOE indican que llama la atención que para el cálculo del canon que deberá pagar ATA se estima un coste de obras de 200.000 euros menos que lo calculado inicialmente por la asociación para realizar las obras, de 586.208,78 euros incluyendo tasas y licencias de obras. Y también que el pliego que rige esta cesión recoge que “el IMDEEC no avalará ninguna operación financiera, no participará, de ninguna forma, en la financiación de obras”, así como que “el concesionario vendrá por tanto obligado al pago de todos los impuestos, tasas, arbitrios, gravámenes y exacciones de cualquier clase”.
“Según su propio pliego no es posible realizarle esta rebaja al canon que deben abonar a la ciudad por el uso de esos espacios a costa de ninguna obra, tasa o licencia que deban abonar para hacer uso de las instalaciones, sin embargo, al PP les da igual, con tal de satisfacer la necesidad particular de ATA y no pensar en el bien común”, ha afirmado la edil.
El PSOE denuncia también la ausencia de justificación del interés general: “El expediente recoge las 90 páginas de memoria de actividades de ATA de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 de la entidad de ámbito nacional, donde Córdoba sólo aparece una sola vez al referir que en el 2021 se realizaron campañas de fomento del trabajo autónomo”. Asimismo, tilda de “curioso” que el domicilio social esté en Córdoba, pero el fiscal no, ya que está fijado en Madrid.
Ante esta situación, el PSOE de Córdoba exige al Gobierno municipal que dé marcha atrás en esta decisión y abra un proceso de concurrencia pública que garantice la igualdad de oportunidades en el uso de este espacio. Y anuncian que, de continuar, estudiarán llevar este asunto a la Fiscalía.
“Desde el PSOE de Córdoba vamos a seguir denunciando estas prácticas y defendiendo una gestión municipal transparente, justa y en beneficio de toda la ciudadanía, no sólo de los amigos del PP”, ha concluido la concejal socialista.
