La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha exigido al Gobierno municipal que no prorrogue el actual contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) con Atende y que aproveche el año de ejecución que todavía resta para preparar un nuevo pliego que permita cambiar el modelo de gestión y mejorar tanto la calidad de la atención como los mecanismos de control municipal.
Moya ha defendido que el próximo contrato debe dividir obligatoriamente el servicio en lotes territoriales por distritos, evitando que toda la prestación quede concentrada en una única empresa y permitiendo una fiscalización más próxima y efectiva. “El Ayuntamiento no puede limitarse a contratar un servicio de estas dimensiones y después confiar en los informes que proporciona la propia empresa. Tiene que saber qué está ocurriendo, comprobar que se cumple el contrato y garantizar que cada euro público se corresponde con un servicio efectivamente prestado”, ha señalado.
La edil socialista ha recordado que el contrato de Ayuda a Domicilio ronda los 200 millones de euros, afecta a más de 8.000 personas usuarias y alrededor de 3.000 trabajadoras, por lo que considera necesario reforzar de manera sustancial los recursos destinados a su seguimiento.
En este sentido, Moya ha cuestionado que, según la información de la que dispone el Grupo Socialista, el seguimiento municipal del contrato recaiga fundamentalmente en una sola técnica. “No ponemos en duda el trabajo de esa profesional. Lo que ponemos en cuestión es si los recursos humanos que el Ayuntamiento pone a disposición de la fiscalización son suficientes para controlar de manera efectiva un contrato de estas características”, ha explicado.
SENTENCIA EN FIRME
La concejala socialista ha recordado además la sentencia obtenida por las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio frente a Atende, que ya es firme y que, según ha señalado, da la razón a las trabajadoras en sus reclamaciones y reconoce incumplimientos de la normativa laboral por parte de la empresa. Para Moya, esta resolución judicial “debería haber marcado un punto de inflexión” y obligado al Ayuntamiento a revisar los mecanismos con los que controla actualmente un servicio público de esta dimensión.
Sin embargo, ha advertido de que UGT continúa trasladando nuevos incumplimientos, entre ellos la entrega de cuadrantes mensuales que, en determinados casos, no reflejan todas las horas correspondientes a la jornada contratada de algunas trabajadoras, mientras otras llegan a superar sus horas.
Asimismo, según la información trasladada por el sindicato, existen trabajadoras que llevan solicitando desde 2025 una ampliación de jornada que no se les ha concedido, mientras la empresa continúa realizando nuevas contrataciones con jornadas reducidas. “Si estas situaciones se están produciendo, el Ayuntamiento debería saberlo y debería comprobar qué está ocurriendo”, ha afirmado Moya.
Uno de los aspectos que más preocupa al Grupo Municipal Socialista es la situación que se habría producido durante este verano con las horas de ayuda a domicilio reconocidas a personas dependientes que finalmente no habrían sido prestadas por falta de personal para cubrir las vacaciones.
Moya ha explicado que el Grupo Socialista ha recibido quejas de usuarios a los que la Junta de Andalucía había reconocido determinadas horas de ayuda a domicilio y que, sin embargo, no las habrían recibido durante este verano: “Estamos hablando de horas reconocidas a personas dependientes para las que la Administración ha asignado y financiado un servicio. Queremos saber si esas horas que no se han prestado se comunican a la Administración y, sobre todo, cómo se reflejan posteriormente en la facturación de la empresa”.
La concejala ha planteado así varias preguntas al gobierno municipal: “¿Cuántas horas no se han prestado? ¿Cuántos usuarios se han visto afectados? ¿Cómo se ha reflejado esta circunstancia en la facturación de Atende? ¿Qué mecanismos tiene el Ayuntamiento para certificar que las horas que se facturan se corresponden con horas de servicio efectivamente realizadas?”.
“Cuando hablamos de dinero público, cada hora que se paga debe corresponderse con una hora de servicio efectivamente prestada”, ha subrayado. Pero, además, ha advertido de que no se trata únicamente de una cuestión económica. “Estamos hablando de personas dependientes que necesitan este servicio para cuestiones tan básicas como levantarse de la cama, asearse o realizar actividades esenciales de su vida cotidiana. Cuando una hora de ayuda a domicilio no se presta, quien sufre las consecuencias es directamente esa persona”, ha señalado.
QUEJAS DE USUARIOS Y FAMILIAS
Moya también ha hecho referencia a otras quejas trasladadas por usuarios y familias, entre ellas la ausencia de visitas de seguimiento por parte de las coordinadoras, las dificultades para contactar con ellas y los cambios continuos de auxiliares.
A juicio de la concejala socialista, los problemas de organización de la empresa “no pueden quedarse dentro de la empresa”, porque terminan repercutiendo sobre las personas que reciben el servicio. “Cuando faltan trabajadoras, cuando las jornadas están mal organizadas, cuando no se cubren adecuadamente las vacaciones o cuando existe una rotación excesiva, quien termina sufriendo las consecuencias es la persona dependiente que está en su domicilio”, ha insistido.
Por ello, ha reclamado al Ayuntamiento que ejerza “un control real” sobre la prestación y que no dé por buenos únicamente los informes periódicos que facilita la propia empresa. “El Ayuntamiento recibe mensualmente información de Atende sobre cómo funciona el servicio, pero las propias trabajadoras, a través de UGT, nos trasladan que esos informes no siempre se corresponden con la realidad que están viviendo”, ha apuntado.
Ante esta situación, el PSOE considera que el Ayuntamiento debe empezar ya a preparar el próximo contrato y descartar la utilización de las prórrogas previstas con Atende. Moya ha defendido que la nueva licitación contemple lotes territoriales, de manera que no se concentre toda la prestación en una única empresa.
“Dividir el servicio en lotes permitiría reducir la dependencia de un único proveedor, facilitaría el acceso de empresas de menor tamaño y de entidades de economía social y, sobre todo, permitiría establecer mecanismos de seguimiento y fiscalización más próximos y manejables”, ha explicado.
La concejala socialista ha reiterado además que el Grupo Municipal del PSOE apuesta por que el Servicio de Ayuda a Domicilio sea prestado directamente por la Junta de Andalucía, al ser la Administración que financia este servicio, aunque ha reconocido que actualmente ese modelo no es posible. “Mientras eso no sea posible, no podemos permitir que un derecho fundamental para miles de personas esté en manos de una multinacional sin que el Ayuntamiento tenga capacidad suficiente para controlar de manera efectiva cómo se está prestando”, ha afirmado.
Moya ha concluido reclamando al Gobierno de José María Bellido que “aprenda de la experiencia de estos años” y cambie el planteamiento de cara a la próxima contratación. “El Ayuntamiento tiene que recuperar capacidad de control sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio. No basta con contratarlo: tiene que saber qué está ocurriendo dentro del contrato, comprobar que se cumple y garantizar que tanto las trabajadoras como las personas usuarias reciben aquello que se está pagando con dinero público”, ha concluido.
