EL PSOE LLEVA A PLENO DE LA DIPUTACIÓN UNA BATERIA DE MEDIDAS URGENTES POR LA SEQUÍA Y PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TAXI EN LAS ZONAS RURALES - EL PSOE LLEVA A PLENO DE LA DIPUTACIÓN UNA BATERIA DE MEDIDAS URGENTES POR LA SEQUÍA Y PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TAXI EN LAS ZONAS RURALES

REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DEL TAXI RURAL DE CÓRDOBA Y DE LA UNIÓN DE AUTÓNOMOS DEL TAXI DE ANDALUCÍA RESPALDAN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL PORTAVOZ SOCIALISTA, JOSÉ ANTONIO ROMERO, Y LA DIPUTADA MAMEN POZÓN

 

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, y la diputada Mamen Pozón han presentado las mociones que el Grupo Socialista llevarán al Pleno de la Corporación Provincial relativas a medidas de auxilio ante la pertinaz sequía y los problemas de abastecimiento de agua y, de otro lado, la petición de una línea de ayudas para que las entidades locales puedan contratar un servicio de taxi que garantice la movilidad de los vecinos y su acceso a los servicios básicos, sobre todo de quienes viven en las zonas rurales.

Romero someterá a los diputados de la entidad supramunicipal una propuesta para instar a la Presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba a crear y convocar con carácter de urgencia la Mesa del Agua de Córdoba, compuesta por representantes y personal técnico de todas las entidades competentes en materia de agua, con objeto de establecer líneas de trabajo coordinadas que garanticen el abastecimiento a la población, así como las líneas de actuación preventivas para evitar que otras comarcas de la provincia se encuentren en la misma situación que actualmente sufre la zona norte de la provincia, garantizando el suministro de agua de calidad en nuestros pueblos.

Asimismo, Romero ha defendido la necesidad de elevar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que apruebe de manera urgente una convocatoria extraordinaria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a cofinanciar los gastos extraordinarios realizados por los entes locales, esto es, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y consorcios, generados por el transporte de agua destinada al consumo doméstico mediante vehículos cisterna, o por la ejecución de obras o actuaciones de urgencia equivalentes destinadas a resolver de forma inmediata los problemas de potabilidad o carencia de agua para abastecimiento humano. “Es completamente inasumible el coste del transporte diario de agua al norte de la provincia por parte de Emproacsa, cuyo déficit podría oscilar ya entre los 4 y  los 6 millones de euros, según las estimaciones que nos llegan”, ha cifrado Romero.

Para el portavoz socialista, la Junta “no puede dilatar por más tiempo su responsabilidad y competencias en el asunto” para aprobar un plan de obras de emergencia para el impulso de los sistemas municipales y supramunicipales de todas las provincias andaluzas, que garanticen, el acceso universal, de carácter domiciliario y a un precio accesible y unitario, de un volumen de agua apta para el consumo humano para atender las necesidades básicas, así como al saneamiento en todos los municipios de Andalucía, así como regular las condiciones de prestación y acceso al derecho humano al agua, concebido como mínimo vital en Andalucía, mediante una disposición administrativa de carácter general que contemple las relaciones entre las entidades que prestan los distintos servicios que componen el ciclo integral del agua de uso urbano y los usuarios de los mismos.

En cuanto a financiación, Romero urge al Gobierno de Moreno Bonilla a dotar una partida económica específica para poner en marcha de forma inmediata el Observatorio del Agua de Andalucía, además de un sistema de transferencias inmediatas a las entidades locales complementarias a las ayudas económicas aportadas por el Gobierno de España en Perte Digitalización del ciclo del agua.

El portavoz socialista ha referido que “nos encontramos ante una crisis global en cuanto a la disponibilidad de agua”, por lo que ha pedido la implicación de todas las administraciones “siempre teniendo muy presente que es a la administración andaluza a quien le corresponde el papel más relevante en esta materia en el territorio de Andalucía”.

Romero ha recordado que la escasez de recursos hídricos está provocando restricciones en el uso del agua en la provincia desde hace ya 4 meses en los municipios del norte de la provincia, afectando a más de 80.000 habitantes a los que hay que abastecer con camiones cisterna para su consumo por la falta de potabilidad del agua embalsada en La Colada.

Por ello, ha exigido al Gobierno andaluz debe de poner en marcha un plan para garantizar la sostenibilidad a corto, medio y largo plazo de este frágil recurso “comenzando por la ejecución de las obras que el Gobierno de Moreno Bonilla declaró en 2020 de interés de la comunidad en el embalse de La Colada, que aún no han sido llevadas a cabo” y continuando con la asistencia que le marca la Ley 9/2010 de Aguas para Andalucía, “cuyo artículo 11.2.c atribuye, como función de la administración andaluza en materia hidrológica, la de su regulación, así como la de establecer el apoyo técnico y las medidas de auxilio económico y fomento a corporaciones locales, otras entidades y particulares para la realización de los objetivos de la planificación hidrológica”.

En su exposición de motivos, Romero ha relatado que las entidades locales cordobesas, tanto ayuntamientos, Diputación, mancomunidades y consorcios están asumiendo gastos extraordinarios y urgentes para financiar la llegada de agua a la población por camiones cisternas “mientras que la administración que debe auxiliarlas, la Junta de Andalucía, no propone ni aporta soluciones ni ayudas al sector”.

SERVICIO DE TRANSPORTE COMARCAL

De otro lado, la diputada socialista Mamen Pozón ha comparecido junto al presidente de la Asociación del Taxi Rural de Córdoba, Antonio Barón, y al vicepresidente de la Unión de Autónomos del Taxi en Andalucía, José Hoyo, para reclamar al Gobierno de la Diputación que convoque una línea de ayuda dirigida a las entidades locales de la provincia cuyo objetivo sea la contratación anual de servicios de transporte discrecional en taxi en sus municipios “para cubrir las necesidades de movilidad obligada de la propia entidad o de la población en general”.

Pozón ha implicado también a la Junta de Andalucía para que establezca conciertos con las asociaciones de taxi rural “para los desplazamientos obligados de la población para atención sanitaria o social”, así como a aumentar en la provincia de Córdoba el número de rutas dentro del Programa Andalucía Rural Conectada, “actualmente de sólo 4 rutas en las que se prestan dos servicios semanales debiendo ser concertados con una antelación mínima de 24 horas, resultando del todo insuficiente”.

La socialista ha recordado que el reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre declara el “carácter de servicio de interés público del transporte de viajeros en taxi”, dada la naturaleza de la actividad, ya que ha de garantizar un servicio de calidad para todos los usuarios, no discriminatorio y con una cobertura de prestación suficiente en todo el territorio.

Por ello, ha insistido en que “nuestra provincia está compuesta en su mayor parte por municipios pequeños, muchos de los cuales sufren un aislamiento geográfico, siendo zonas con baja demanda de transporte público que hace inviable la prestación de servicios por empresas concesionarias del transporte público colectivo, y no contando con un recurso regular que facilite el desplazamiento de los vecinos a los núcleos de población de referencia para el acceso a servicios básicos”. Pozón ha hecho referencia a los vecinos y vecinas de avanzada edad que suelen tener limitaciones a la movilidad, y que ven en el taxi rural su única opción para satisfacer sus necesidades de movilidad obligada.

Actualmente en Córdoba existen 221 licencias de taxi operativas en la provincia, disminuyendo su número en los últimos años debido a la falta de servicios motivado por la despoblación y la falta de recursos derivados por ejemplo por el cese de conciertos con la Junta de Andalucía para atender desplazamientos para servicios sanitarios, que se ha visto reducido únicamente al programa de diálisis.