El PSOE plantea recuperar la gestión municipal de la ayuda a domicilio ante los incumplimientos de la empresa y la pasividad del gobierno local del PP - El PSOE plantea recuperar la gestión municipal de la ayuda a domicilio ante los incumplimientos de la empresa y la pasividad del gobierno local del PP

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha denunciado hoy los incumplimientos de la empresa de ayuda a domicilio que opera en la capital ante la “pasividad” del Gobierno local de Bellido, que se había comprometido a fiscalizar la gestión de este servicio “sin que hasta la fecha las reuniones mensuales llevadas a cabo hayan supuesto una mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras”. Por ello, el PSOE plantea recuperar la gestión directa del servicio a través de una encomienda a una empresa municipal.

En rueda de prensa, Moya ha afirmado que las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio siguen sufriendo muchos problemas a la hora de realizar su trabajo, como incumplimientos de convenio y condiciones laborales que hoy en día no se aceptarían en la inmensa mayoría de trabajos, pero que ellas se ven obligadas a tolerar.

“Hablamos de una plantilla de más de 1.500 trabajadoras, que llegan a superar las 1.700 con las contrataciones temporales para las sustituciones en vacaciones, y donde es frecuente que vean cómo los permisos laborales recogidos en su convenio o el Estatuto de los trabajadores se incumplen con demasiada frecuencia”, ha informado aludiendo a que poder disfrutar de un permiso por cuidado de familiar no puede estar supeditado a la valoración de la empresa de si la enfermedad que lo ha causado es más o menos grave, entrando en la valoración médica y no en la tramitación de un permiso justificado con la documentación pertinente.

Moya ha reiterado que siguen siendo muchas las dificultades laborales que estas mujeres encuentran todos los días, y entre ellas ha citado “vejaciones verbales y agresiones que a veces han llegado a ser físicas, condiciones lamentables de salubridad en los domicilios que tienen que atender (como trabajar en una caravana insalubre en mitad de una parcela), servicios sin supervisión de la coordinadora donde se especifique qué actuación es la que realmente hay que hacer, modificación de los servicios en el mismo día, desplazamientos controlados por Google Maps al minuto, y todo ello por un sueldo de 1.134 euros brutos si tienes contrato a jornada completa”.

Incluso ha comentado que se han dado casos en los que a trabajadoras víctimas de violencia de género no se les ha cambiado el horario de trabajo para poder asistir a su necesaria terapia en el IAM.

La edil ha reprochado que la empresa tampoco cumpla con la formación necesaria que debe ofrecer tanto a las trabajadoras que va incorporando como a las que llevan ya años.

“Estas trabajadoras son las que atienden y cuidan de nuestros mayores, de nuestras personas dependientes, aquéllos que por circunstancias personales del entorno familiar o por las características de la ayuda necesaria no podemos atender en el núcleo familiar, y se encuentran con muchas dificultades planteadas por una empresa que se hace con un contrato de más de 200 millones de euros pero que gestiona como la frialdad de las grandes empresas que sólo miran los números”, ha criticado Alicia Moya.

Desde el Grupo Municipal del PSOE se ha planteado recuperar la gestión directa de este servicio ante los incumplimientos, que redundan en una atención de peor calidad, y ha citado varios ayuntamientos que han municipalizado el servicio, como San Fernando, o que están en camino de hacerlo, como Puerto Real, a través de una encomienda de gestión a una empresa municipal.

“El proceso no es fácil ni sencillo, pero llegado el momento en que este contrato ha adquirido tal dimensión, es necesario que nos planteemos buscar, en colaboración con la Junta de Andalucía que financia el servicio, cambiar el modelo de gestión para mejorar la calidad de su prestación, las condiciones de las trabajadoras y, por tanto, la vida de los ciudadanos y ciudadanas que lo reciben. Es una prueba de que la eficiencia económica, como muchas veces vemos, no siempre viene de manos de la empresa privada, sobre todo cuando hablamos de derechos y no de productos”, ha concluido Moya.