La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha pedido al Gobierno local de Bellido que habilite una Oficina de la Vivienda dependiente de Vincorsa que pueda dar respuesta a las familias en situación de vulnerabilidad ante la negativa del PP, Vox y Junts a aprobar el decreto que, entre otras medidas contiene la moratoria anti-desahucios, por lo que cree necesario que el Consistorio refuerce los mecanismos que dispone para auxiliar.
Moya se ha hecho eco de los datos relativos a Córdoba que recoge el último informe Foessa, que revelan que en nuestra provincia son más de 90.000 familias las que después de costear la vivienda quedan en situación de pobreza, así como los de Stop desahucios, que indica que la finalización de la moratoria podría afectar en Cordoba a entre 3.000 y 5.000 familias, muchas de ellas familias con menores, monomarentales, con mayores o dependientes al cargo.
La concejala ha insistido en que el Gobierno municipal debe preparar una verdadera Oficina de la Vivienda, dependiente de Vimcorsa, que tenga como principal objetivo promover el acceso a una vivienda digna y adecuada para todos aquellos habitantes que tienen dificultades económicas, lo que el Grupo Municipal Socialista elevará como ruego en el próximo pleno.
“Quedarse en tramitar ayudas al alquiler y gestionar el exiguo parque de viviendas del que dispone el Ayuntamiento cuando los informes nos hablan de un problema sostenido en el tiempo, a pesar del crecimiento económico, es irresponsable”, ha considerado la edil, que ha llamado a que esta unidad multidisciplinar debe abarcar aspectos legales, sociales, técnicos y administrativos del problema “en lugar de limitarse a elaborar informes de vulnerabilidad cuando un juez lo solicita ante la inminencia de un desahucio”.
Moya ha referido que el PP ha tumbado dos decretos ley, y que el compromiso de la vicepresidenta María Jesús Montero es que haya un tercero para intentar aprobar la moratoria. No obstante, ni siquiera con la modificación del último texto presentado, donde se excluyó a los arrendadores que posean una o dos viviendas de la obligación de aceptar la moratoria, el PP ha entendido la necesidad de proteger a miles de familias que no tienen recursos y a las cuales no les proporciona una alternativa ninguna administración.
La crisis de vivienda asequible se agrava cada día más en Córdoba, con un número creciente de demandantes de alquiler que supera desde hace muchos meses las 4.000 familias, ha concluido la edil socialista.
