La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín; la europarlamentaria socialista por Andalucía en Bruselas, Clara Aguilera, y la parlamentaria andaluza y secretaria federal de Agricultura, Ana Romero, han valorado hoy en Córdoba la mayor protección que tendrán los productos agroalimentarios amparados por las Denominación de Origen Protegido (DOP) e Indicación Geográfica de Protección (IGP) con los cambios en la reglamentación comunitaria que está debatiéndose en Bruselas y que el PSOE está llevando al territorio, en este caso con un encuentro mantenido con representantes de las figuras de calidad andaluzas reunidas en la capital.
Crespín ha destacado que Córdoba es la provincia española con más Denominación de Origen Protegido (DOP) de España, con un total de 7 figuras de calidad -cuatro en aceite de oliva virgen extra (Baena, Priego, Montoro-Adamuz, Lucena), una en vino y otra en vinagre (ambas de Montilla-Moriles), y una séptima en los productos Ibéricos de Los Pedroches-, “por lo que un acto como éste, que viene a informar de las novedades en los Regímenes Europeos de Calidad, tenía que celebrarse aquí, en Córdoba”.
La socialista ensalzó también que la provincia cordobesa es la que más DOP de aceites de oliva virgen extra acumula “lo que da idea de la importancia y la relevancia de este cultivo desde hace siglos en la economía y en la sociedad en nuestra tierra” y detalló que dos tercios de las hectáreas dedicadas al cultivo del olivo en Córdoba están protegidas bajo el paraguas de las cuatro denominaciones de origen de Baena, Priego, Montoro-Adamuz y Lucena, o lo que es lo mismo, más de 372.000 hectáreas que hacen que el aceite sea el producto que más ingresos aporta en la agricultura protegida de Córdoba rozando los 50 millones de euros anuales, el 35% del total de los vírgenes extra españoles.
En cuanto a los vinos, indicó que los Montilla-Moriles generan por año unos ingresos de entre 35 y 40 millones de euros, mientras que el vinagre cordobés amplía mercado en competición con las otros DOP del sector, como son Jerez y el Condado de Huelva, y los jamones ibéricos de Los Pedroches atesoran una producción amparada cercana a los 10 millones de euros.
“La excelencia y calidad reconocidas internacionalmente repercuten en la economía y en la vida de nuestros municipios, alejan el fantasma de la despoblación que tanto afecta a otras zonas de la España vaciada y crea riqueza y oportunidades fijando población al territorio con un fuerte componente ecologista y medioambiental”, consideró Crespín, que agregó que “más allá de una etiqueta de calidad se certifica también la continua investigación y formación de los productores, así como la promoción, difusión y sesgo medioambiental de la actividad, enmarcada en una exigente regulación a escala europea”.
En esta apuesta, Rafi Crespín enarboló que “el PSOE y el Gobierno de España con nuestro presidente, Pedro Sánchez, a la cabeza, son aliados indispensables” y puso como ejemplo la gestión en el fomento de infraestructuras hídricas para combatir la sequía, la Ley de Cadena Alimentaria, la cobertura social de los trabajadores del campo en el contexto de crisis como la reducción de peonadas o el desarrollo de la nueva PAC con el objetivo de que se le saquen los máximos beneficios y aumentar la redistribución de ayudas en pequeños y medianos agricultores, vitales para Andalucía.
UNA MAYOR PROTECCIÓN
Por su parte, la europarlamentaria Clara Aguilera, valoró la reunión con las asociaciones de DOP e IGP andaluzas ante la modificación de la normativa europea “que incorporará cambios importantes, por lo que queremos que en el debate se impliquen los propios representantes de las figuras de calidad porque va a repercutir en su futuro, entre otras cuestiones, en una nueva regulación en su estructura o en que ellos mismos puedan gestionar la oferta”.
“Hay requisitos que van a cambiar y antes de que se apruebe, desde el PSOE queremos traer ese debate aquí para escuchar sus opiniones y necesidades, qué hay que cambiar y qué no hay que tocar”, informó Aguilera, que matizó que “estamos hablando de DOP e IGP relacionadas con el vino, bebidas espirituosas y alimentos, y ello tiene su importancia en el territorio porque va más allá de la elaboración de un producto, ya que significa tradición, gastronomía, cultura, y por ello tiene una protección especial a la hora de llegar a acuerdos con países terceros al tener una categoría superior”.
En suma, Aguilera reafirmó que la nueva reglamentación viene a otorgar a estos productos de “una mayor protección”, entre ellas contra el fraude online, pero apostilló que “cambian cuestiones en cuanto al funcionamiento”.
La parlamentaria andaluza Ana Romero destacó que Andalucía es la región con mayor número de DOP de toda la comunidad europea, con 67 figuras de calidad con productos amparados. “El PSOE quiere estar junto al sector en cada movimiento y cambios reglamentarios que les afecte, escuchándoles, como hemos hecho también en la aplicación de la nueva PAC, con más de 200 reuniones mantenidas con las organizaciones agrarias, y ante las ayudas activadas por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la sequía o por la inflación que han hecho que, a Andalucía, lleguen más de 41 millones de euros”, afirmó.
