El Senado aprueba la Ley que garantiza las pensiones presentes y futuras sin pérdida de poder adquisitivo - El Senado aprueba la Ley que garantiza las pensiones presentes y futuras sin pérdida de poder adquisitivo

El Senado ha aprobado esta semana, con un gran apoyo parlamentario, la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones con el objetivo de garantizar la actualización de las mismas. La ley evitará que los pensionistas pierdan poder adquisitivo y asegura la viabilidad económica y social del sistema público de pensiones para las prestaciones del futuro. Al no haber sido incorporada ninguna enmienda durante el trámite de la ley en el Senado y no modificarse el texto remitido por el Congreso de los Diputados, la ley queda definitivamente aprobada.

El objetivo de esta normativa es garantizar las pensiones presentes y futuras y evitar los recortes, eliminando el factor de sostenibilidad impuesto por el anterior Gobierno del PP. Esta nueva reforma nace del consenso a partir de las recomendaciones del Pacto de Toledo e incluye un mecanismo de equidad intergeneracional para aumentar las cotizaciones un 0,6% durante diez años, y llenar así la hucha de las pensiones.

Con esta ley se crea un colchón económico y el incremento medio de la cotización será de 12 euros mensuales: diez que aportará la empresa y dos, la persona trabajadora. Con estos nuevos ingresos se recuperar la hucha de las pensiones que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó bajo mínimos: pasaremos de los 2.000 millones de euros actuales a cerca de 50.000 millones en 2032.

La nueva reforma de las pensiones se caracteriza por el blindaje del poder adquisitivo de los jubilados al volver a incluir, por ley, la actualización de las prestaciones al IPC.

Fruto del diálogo social

El portavoz de Seguridad Social, Alfonso Muñoz Cuenca, ha subrayado el acuerdo alcanzado, fruto del dialogo social, y ha añadido que esta nueva norma “refuerza las señas de identidad de nuestra Seguridad Social”.

También ha añadido que “se garantiza la viabilidad económica del sistema, fortaleciendo el equilibrio financiero a través de dos factores: la separación de fuentes de financiación, con un mayor papel del Estado, y el mecanismo de equidad intergeneracional, que permitirá aumentar los ingresos”.

Muñoz Cuenca ha insistido en que la nueva ley viene a garantizar el poder adquisitivo de más de 9 millones de pensionistas y que sus prestaciones aumentarán en función del IPC. Asegura además que las pensiones de mañana no correrán peligro.

Un Gobierno que cumple con 9 millones de pensionistas

Por su parte, la senadora María Ángeles Luna ha apuntado que las pensiones son un pilar fundamental del Estado del Bienestar, contribuyen a la cohesión social y a la redistribución de la riqueza, y reducen el riesgo de pobreza en las personas mayores.

“Con esta ley, el Gobierno cumple con más de 9 millones de pensionistas, al garantizar su poder adquisitivo, y cumple con los más jóvenes, a los que asegura el futuro del sistema público de pensiones, sin tener que vincularlo a planes de pensiones privados”.

La senadora cordobesa ha afirmado que “los socialistas vamos a demostrar al PP que su fórmula del factor de sostenibilidad no funciona. Solo hace más pobres a los pensionistas y abre la puerta a los planes privados de aseguramiento”.

“El veto presentado por el PP propone volver al pasado y desde el PSOE queremos mirar al futuro, fortaleciendo la Seguridad Social y garantizando las pensiones de los españoles para consolidar su poder adquisitivo”, ha matizado.

En definitiva, esta ley aporta tranquilidad a los pensionistas presentes, ya que garantiza su prestación y que su poder adquisitivo no se altere al estar vinculadas al IPC, y garantiza las pensiones del futuro.

Esta ley, además, contribuye a eliminar la brecha de género y a mejorar el acceso igualitario al mercado laboral y, por último, asegura las pensiones de viudedad de las parejas de hecho.

Por último, la portavoz de Derechos Sociales, Mar Arnáiz, ha asegurado que con esta ley se avanza en reformas sensatas y compartidas y que las reformas impulsadas por el PP suponían “ir hacia atrás con planteamientos que ya se han demostrado caducos y faltos del mínimo consenso”.