Las cotizaciones en la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales en Dependencia se han multiplicado por 7 en los últimos 5 años en la provincia de Córdoba, o lo que es lo mismo, han aumentado un 700% pasando de las 132 trabajadoras y trabajadores dados de alta en 2018 a los más de 930 en este año. Ello ha sido posible como consecuencia de la restitución de derechos laborales aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que ponía fin a la expulsión de este colectivo del sistema de cotización decretado por el Gobierno de Rajoy, concretamente por el entonces secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno Bonilla, hoy presidente de la Junta de Andalucía.
Según los datos recabados por el senador socialista por Córdoba Alfonso Muñoz Cuenca y la senadora por Burgos María del Mar Arnáiz, aquella medida afectó directamente a unas 180.000 personas (de las cuales el 92% eran mujeres) y provocó que el 94% de los cuidadores no profesionales de personas dependientes en todo el país se dieran de baja de la Seguridad Social ante la imposibilidad de poder asumir dicho coste. En Córdoba, a finales de 2018, sólo quedaban 132 cuidadores no profesionales cotizando mediante el convenio especial, cifra que en solo cinco años se ha elevado a 930 trabajadores y trabajadoras, la mayoría de ellas mujeres (838 trabajadoras) y en su caso con edades comprendidas entre los 40 y los 64 años.
Muñoz Cuenca recordó que durante este paréntesis de tiempo surgieron muchas empresas que prestaron el servicio, lo que ha dado lugar a que no se hayan recuperado los datos de afiliación de 2018. Pese a ello, en la actualidad hay 67.561 cuidadores no profesionales que cotizan en el convenio especial, de ellos, 59.881 son mujeres (88,63%).
Entre el catalogo de servicios y prestaciones de la Dependencia se encuentra la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, en la que se disponía que, “excepcionalmente, el beneficiario podrá recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, cuando esté siendo atendido por su entorno familiar, y siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención”.
El reconocimiento de la prestación económica llevaba aparejado la firma del correspondiente Convenio Especial con la Seguridad Social, que garantizaba la cotización del cuidador sin coste alguno, ya que la Administración General del Estado, a través del IMSERSO, asumía el coste de dicha cuota.
El senador Muñoz Cuenca recriminó al Gobierno de Mariano Rajoy el haber acabado con los derechos laborales de este colectivo, y concretamente a Moreno Bonilla, a quien culpó directamente de poner en peligro la sostenibilidad del sistema en su etapa como secretario de Estado dando “un auténtico hachazo a los derechos de las personas con dependencia, incrementando copagos, recortando ayudas económicas y eliminando el pago de los convenios especiales a los cuidadores no profesionales”. Hay que recordar que ello provocó que estos convenios especiales pasaran a tener carácter voluntario y las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social tuvieran que sufragarse a cargo exclusivamente del cuidador o cuidadora.
En respuesta parlamentaria a los senadores Alfonso Muñoz y María del Mar Arnaiz se plasma la evolución experimentada desde que el Gobierno de Pedro Sánchez acabase con la desprotección del colectivo que le había causado el Gobierno de Rajoy: Mientras en 2018 no llegaba a 7.524 las personas cuidadoras dadas de alta en todo el país, en 2019 se alcanzó ya las 55.051 personas cubiertas, en 2020 aumentó a 60.293 y en abril de 2022 llegó hasta 67.561, de ellos 7.680 hombres y 59.881 mujeres.
Por su parte, la senadora socialista Mar Arnaiz puso en valor que en tan sólo dos años el Gobierno de Pedro Sánchez dobló el presupuesto para Dependencia, pasando de 1.300 a 2.600 millones de euros, lo que consiguió reducir la lista de espera, mejorar prestaciones y reconocer que la teleasistencia sea gratuita y un derecho subjetivo.
Con el Gobierno de Rajoy las comunidades autónomas recibían por cada persona con dependencia grado I 47 €/mes, con grado II 84 €/mes y con grado III 190, cuantías que el Gobierno de Pedro ha subido, respectivamente a 67, 125 y 250 euros.
“A la derecha siempre le hemos oído plantear que la mejor política social es el empleo, pues este gobierno ha conseguido bajar el número de parados a cifras del 2008 por debajo de los 3 millones y que el número de afiliados a la Seguridad Social alcance la cifra histórica de 20.300.000 cotizantes”, sostuvo la senadora, que apostilló que “claramente queda demostrado que es perfectamente compatible mejorar la política social, con crecer y crear empleo, a pesar de las circunstancias extraordinarias que nos ha tocado vivir y de la oposición cainita del no a todo que practica el PP”.
