La senadora por el PSOE de Córdoba María Ángeles Luna ha comparado esta mañana en rueda de prensa las ayudas a la exclusión social tramitadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía con las del Gobierno de España. Mientras que la Renta Mínima auspiciada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla llegó en 2022 a un total de 68.714 andaluces y andaluzas, el Ingreso Mínimo Vital tramitado por el Gobierno de Pedro Sánchez benefició a 487.743 andaluces y andaluzas, siete veces más que la ayuda autonómica, lo que, a juicio de la socialista, “demuestra que existen dos formas de gobernar, a izquierda y derecha, y que la diferencia de sensibilidad entre ambas es notaria y manifiesta”.
Luna recordó que Andalucía tiene la tasa de pobreza más alta de España, con un 32,3%, y que 4 de cada 10 menores de 18 años están en riesgo de pobreza o exclusión social con un 43,7%, cuando la media nacional se sitúa en un 33%. “Con más de 3 millones de andaluces y andaluzas en riesgo de exclusión, el Gobierno de Moreno Bonilla solo reconoce a 68.714 perceptores de Renta mínima, lo que supone un 2,9% de la población, mientras ya hay reconocidas en Andalucía 487.743 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, el 17,3% de la población, de los que 47.941 son beneficiarios de la provincia de Córdoba”, expuso la senadora.
Con estas cifras, sostuvo que “Moreno Bonilla, en vez de implementar ayudas a los más vulnerables, renuncia a la ayuda a la infancia que prometió en campaña, ya que nada relativo a su compromiso electoral se recoge en los Presupuestos del rodillo de 2023, y además recorta un 36% la partida destinada a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía”.
“La diferencia de sensibilidad es notoria con respecto al Gobierno de Pedro Sánchez, que mantiene el incremento del IMV y de las pensiones no contributivas para el 2023 en un 15%”, reafirma la senadora cordobesa, que reprocha, en cambio, que Moreno Bonilla “exima de impuestos a quienes más tienen mientras que Pedro Sánchez incrementa las prestaciones para ayudar a la clase trabajadora”.
En este sentido, María Ángeles Luna defendió el anteproyecto de Ley de Familias aprobado el pasado mes de diciembre por el Consejo de Ministros que persigue el reconocimiento jurídico de las distintas estructuras familiares existentes en la sociedad española, así como determinar las prestaciones y servicios a los que tienen derecho y, sobre todo, reducir la pobreza infantil.
“El avance del feminismo, de los derechos LGTBI o la creciente demanda de cuidados por el progresivo envejecimiento de la población constituyen cambios significativos que ponen de manifiesto nuevas demandas a las que debemos dar respuesta”, arguyó Luna, quien aseveró que esta ley “garantizará el pleno reconocimiento jurídico de los distintos tipos de familias y su protección, porque ya no existe la familia, sino las familias, en plural”, entre las que citó las parejas de hecho, familias formadas por una sola persona progenitora, familias en las que uno o ambos miembros de la pareja tienen hijas o hijos de uniones anteriores o familias adoptivas y acogedoras, entre otras.
Entre las nuevas medidas de protección que traerá la nueva Ley de Familias enarbolada por los grupos que sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez, Luna destacó el establecimiento de un marco estatal de apoyo a los primeros 1.000 días orientado a garantizar que todos los niños y niñas tengan condiciones mínimas de bienestar durante su primera etapa de vida.
Se incluyen, a este respecto, disposiciones relativas a la garantía de un entorno saludable, seguro y accesible, el acceso a un sistema sanitario y educativo universal, de calidad e inclusivo, el acceso a una alimentación saludable y sostenible, el apoyo para el desarrollo de habilidades y competencias parentales y garantía del equilibrio de la vida profesional y privada para las personas adultas responsables de la crianza.
Yendo más a lo concreto, la senadora especificó que entre las medidas recogidas en el anteproyecto figura la extensión de la renta crianza de 100 euros al mes a un mayor número de familias con hijos e hijas de 0 a 3 años que ha entrado ya en vigor este 1 de enero gracias a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y que suponen unos beneficios fiscales de 200 Millones de euros.
AYUDAS A LA CRIANZA PARA MADRES TRABAJADORAS
Según un cálculo estimado, esta medida va a beneficiar a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres, “con lo cual, prácticamente estamos llegando al objetivo último de universalización de este complemento de crianza, lo que puede incentivar a la natalidad en nuestro país”. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, se han reconocido 9.915 prestaciones del complemento para la ayuda a la infancia a mujeres trabajadoras, cifra que se incrementará considerablemente con el nuevo sistema.
La ley amplía derechos y coberturas para las familias numerosas, monoparentales, con miembros discapacitados o en tratamiento hospitalario, entre otras, así como facilidades en el acceso a becas, abonos de transportes públicos o reducción de precios públicos y la garantía del derecho a la conciliación con la creación de tres nuevos permisos de cuidados por accidente o enfermedad, por situaciones de fuerza mayor o permiso parental, éste último de aplicación progresiva de 6 semanas en 2023 y de 8 semanas en 2024.
La nueva ley protegerá el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la información y a la participación en actividades sobre diversidad familiar en el marco educativo, lo que impedirá la aplicación del denominado veto o pin parental u otro mecanismo similar y garantizará su libre desarrollo de la personalidad.
Luna cifró el impacto económico de las medidas incorporadas en el anteproyecto en alrededor de 628 millones de euros anuales. “Es necesaria la ley porque la conciliación de la vida laboral y personal de los padres y las madres es muy difícil y demasiado a menudo depende de escuelas, actividades extraescolares y de la ayuda de los abuelos y las abuelas, y porque existe una necesidad de refuerzo en el apoyo a la crianza, ya que las encuestas revelan que las mujeres jóvenes en España querrían tener más hijos, pero no lo hacen porque no se lo pueden permitir”.
BAJADA DEL PARO EN CÓRDOBA
De otro lado, Luna se refirió a los datos del paro registrado con que ha cerrado 2022 y que, en el caso de la provincia de Córdoba, ha descendido un 4,1% con respecto al año anterior con 62664 personas desempleadas, la tasa más baja desde la crisis del ladrillo, hace más de una década.
La senadora destacó que a nivel nacional el paro cae por debajo de los tres millones hasta los 2,84 millones inscritos en las oficinas de empleo, 268.000 menos que a finales del 2021 y la cifra más baja desde 2007. “Esta buena noticia demuestra que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y las medidas para contener la inflación y proteger a las clases medias y trabajadoras ante la crisis funcionan y son útiles, y prueba de ello es que el primer año de la reforma laboral reduce la temporalidad a la mitad, y se sitúa en el mínimo histórico del 16%”, indicó Luna, quien recalcó que en la provincia de Córdoba, la contratación indefinida en 2022 aumentó en un 472% con respecto a 2021. “Los jóvenes tienen cada vez más empleos estables: 3 de cada 4 cuentan con un contrato indefinido, mientras que antes de la reforma apenas eran la mitad”.