Los candidatos socialistas por Córdoba al Senado y al Congreso, María Ángeles Luna y Alberto Mayoral, respectivamente, que concurren a las Elecciones Generales del 23 de julio han puesto hoy en valor la afección sobre los jóvenes de la Ley de Vivienda aprobada recientemente por el Gobierno de España, en especial el aval estatal que contempla del 20% para la compra de viviendas y a los que se pueden acoger hasta 160.000 jóvenes cordobeses menores de 35 años con ingresos individuales inferiores a los 37.800 euros.
Se trata de una línea de avales del ICO para cubrir hasta el 20% de los créditos hipotecarios de dos colectivos: familias con hijos menores a cargo y jóvenes de hasta 35 años, han explicado los candidatos en una atención a medios en el último fin de semana de precampaña. Este límite de ingresos fijado en el aval que ayudará a la adquisición de una vivienda aumenta en el caso de familias con hijos menores y familias monoparentales.
Los socialistas han profundizado en el contenido de la ley de Vivienda para reflexionar sobre las ventajas que representa “enfocadas hacia un nuevo modelo centrado en el derecho a la vivienda y en garantizar los proyectos de vida de muchas personas en nuestro país” y resaltaron que “no nos sorprende que este nuevo avance que beneficia a los jóvenes y las familias contase con el voto en contra del PP de Feijóo, cuyos intereses siempre están posicionados con los más poderosos y, por tanto, con quienes hacen del negocio y la especulación el centro de las políticas de viviendas”Luna y Mayoral han recalcado que la Ley de Vivienda cuenta con presupuesto para movilizar todos los recursos disponibles para alcanzar lo que hasta ahora era inaccesible para muchas personas, un hogar, y que la norma “es un instrumento legal que garantiza el ejercicio del derecho a la vivienda recogido en la Constitución, que compromete a los poderes públicos y que no atenta contra la propiedad privada ni favorece la ocupación”.
En este sentido, han alabado que incluya el control de las subidas abusivas de los precios del alquiler, la salida al mercado de pisos vacíos, incentivos al control de precios con medidas fiscales, el blindaje del parque público de vivienda y el fomento del alquiler social y asequible.
Entre las medidas, figura una línea de préstamos de 4.000 millones de euros para promover hasta 43.000 viviendas en alquiler asequible, para lo que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) distribuirá, a través del ICO, los fondos europeos del Plan de Recuperación en forma de créditos a largo plazo para la construcción y rehabilitación de vivienda. Estos préstamos van dirigidos a promotores públicos o privados y financiarán desde la adquisición de suelo y la construcción de vivienda nueva, hasta la adquisición de edificios para rehabilitar y las actuaciones de rehabilitación. “Eso sí, las viviendas deberán destinarse al alquiler social o asequible durante, al menos, 50 años, y ubicarse en edificios energéticamente eficientes”, especificaron los candidatos.
