El vicesecretario general del PSOE de Córdoba Alberto Mayoral ha puesto en valor que casi 43.000 cordobeses y cordobesas estén percibiendo actualmente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la provincia, según los datos actualizados a finales de septiembre que hablan de un total de 14.809 expedientes familiares tramitados por hogar desde su puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2020. Esta ayuda estatal no se verá complementada por el Gobierno de la Junta de Andalucía como sí hacen otras comunidades autónomas, puesto que Moreno Bonilla ha renunciado reforzar esta prestación con las ayudas que prometió en el pasado mandato para luchar contra la pobreza infantil, y que ha dejado olvidadas en un cajón y sin reflejo en los Presupuestos andaluces para 2023.
De los 42.764 beneficiarios del IMV en la provincia, 24.821 son adultos y casi 18.000 son menores de edad. Por sexo, lo perciben más mujeres que hombres, y la tramitación más extendida en Córdoba es la unidad familiar de dos adultos con dos menores (2.939), seguida por un adulto solo (2.845), un adulto y un menor (2.087) y dos adultos y un menor (2.085).
Esta medida de auxilio a las personas más vulnerables llega ya a más de medio millón de hogares en todo el país, lo que supone 1,4 millones de ciudadanos y ciudadanas, de ellos 600.000 menores, recordó el socialista, quien puntualizó que la renta media en Andalucía es de 9.915 euros, la más baja por comunidades autónomas. “El Gobierno de España intenta minimizar estos datos con acciones y medidas concretas que hacen, por ejemplo, que uno de cada tres perceptores del Ingreso Mínimo Vital sea andaluz”.
Mayoral valoró esta iniciativa del Gobierno de España que se enmarca en el catálogo de medidas dirigidas a la clase media trabajadora y los colectivos más vulnerables para que puedan hacer frente a las consecuencias sociales y económicas derivadas de la Guerra de Putin en Ucrania y la inflación. El próximo año, además, los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno de España contemplan una actualización del Ingreso Mínimo Vital de alrededor de 560 euros anuales más gracias al incremento previsto del 8,5%, en la misma proporción que subirán las pensiones.
Esta ayuda oscila entre los 530 euros mensuales que percibiría un adulto y los alrededor de 1.100 euros al mes por unidades familiares que incluyan menores.
«El Ingreso Mínimo Vital es una prestación que garantiza unos recursos mínimos a las personas en todo el territorio nacional, y a partir de ahí las comunidades autónomas deberían adaptar sus rentas mínimas para mejorar, complementar o ampliar el número de posibles beneficiarios», ha indicado el socialista, que agregó que «muchas comunidades lo han hecho ya, y sin embargo, después de dos años y medio de su puesta en marcha, ni Andalucía, ni Madrid ni Galicia, todas ellas gobernadas por el PP, lo han realizado».
RECORTE DEL 36% EN LA RENTA SOCIAL DE LA JUNTA
“Hoy nos hemos enterado por los medios de comunicación que Moreno Bonilla no sólo ha rechazado complementar el Ingreso Mínimo Vital en Andalucía con las ayudas prometidas en el anterior mandato para luchar contra la pobreza infantil, lo que habría que calificar de insensible y ruin si recordamos que le ha perdonado 100 millones de euros a las rentas más altas al eximirles de pagar el impuesto de Patrimonio, sino que en los Presupuestos andaluces para 2023 ha reducido las partidas destinadas a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía en un 36% con respecto a este año”, recriminó Mayoral, que agregó que los fondos para estas ayudas han ido reduciéndose considerablemente desde los casi 135 millones de euros en 2020 hasta los 73,5 consignados para el próximo año.
En este punto, ha instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al Ayuntamiento de la capital que dirige José María Bellido a acometer «acciones concretas” para acabar con el «lastre» de que Córdoba tenga cinco de los quince barrios más pobres de España, en referencia a Las Palmeras, Guadalquivir, Sector Sur, Las Moreras y El Higuerón, cuyos vecinos y vecinas acumulan algunas de las rentas más bajas de todo el país, al tiempo que ha afeado que la política fiscal del PP vaya por el «camino contrario», como es ayudar a las grandes rentas andaluzas «al bonificarles al 100% el Impuesto de Patrimonio condonándoles cien millones de euros».
Mayoral ha sostenido que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 están plagado de iniciativas que auxilian a la población más vulnerable y castigada por la crisis, y puso como ejemplo la subida de 1.120 euros al año de media en las pensiones contributivas que cobran los 175.000 mayores de la provincia de Córdoba; el incremento de más de 500 euros anuales en las que cobran los 8.500 pensionistas no contributivos; la extensión de la gratuidad y bonificaciones en el transporte ferroviario durante 2023 para los 13.500 usuarios de los Media Distancia en la provincia y los 2.360 viajeros de Avant, o las cerca de 26.400 familias acogidas al Bono Térmico y Eléctrico en la provincia de Córdoba.
Hay que recordar que los perceptores del bono social eléctrico son también beneficiarios del bono social térmico; la diferencia es que el primero lo pagan las eléctricas y el segundo va con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El paquete de medidas del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra en Ucrania prorroga la ampliación del bono social eléctrico, que desde marzo pasado ha ampliado su cobertura a 600.000 familias más hasta llegar a los 1,9 millones de hogares en todo el país.
