Rafi Crespín denuncia el cierre de 250 unidades educativas públicas en Córdoba desde que Moreno Bonilla es presidente - Rafi Crespín denuncia el cierre de 250 unidades educativas públicas en Córdoba desde que Moreno Bonilla es presidente

La secretaria general del PSOE de Córdoba y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Rafi Crespín, ha denunciado que desde que Moreno Bonilla es presidente de la Junta de Andalucía se han suprimido más de 250 unidades educativas públicas en la provincia de Córdoba bajo el argumento de la bajada de la natalidad, algo que rechaza la dirigente y que en cambio tacha de “ataque premeditado a la educación pública, ya que se debe aprovechar la menor presencia de niños y niñas para reducir la ratio, aumentar los desdobles de clases y ofrecer una formación más personalizada de calidad”.

Para la socialista, el equilibrio entre educación pública y educación privada que oscilaba en un 80-20 por ciento en Andalucía con los anteriores gobiernos socialistas se ha visto alterado por las “políticas de desmantelamiento” de la Educación Públicas aplicadas por el Gobierno de las derechas en Andalucía: “desde que gobierna Moreno Bonilla se han suprimido en Andalucía más de 2.000 unidades educativas públicas, al tiempo que se ha recortado la plantilla de docentes públicos en 3.000 profesores que han sido echados a la calle”.

Según los datos que manejan los sindicatos y las ampas, en la provincia de Córdoba han sido más de 100 unidades escolares las que han sido suprimidas sólo en los cursos 2018-19 y 2019-20, a las que se suman otras 151 unidades suprimidas en los dos últimos cursos 2020-21 y 2021-22.

Crespín puso de manifiesto que una de las propuestas lanzadas por los sindicatos es reducir las ratios a un máximo de 20 en Infantil y Primaria, no más de 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato, apostando por el desdoble de grupos en las asignaturas instrumentales de lengua, matemáticas e idiomas.

Además, sostuvo que el cierre de líneas educativas públicas incide tanto en la capital como en la provincia, pero que “es en el ámbito rural el que más perjudicado resulta porque cuando se cierra una línea, se condena a un colegio y se apaga un pueblo. Está comprobado que cuando se recortan servicios públicos en los entornos rurales sólo sirve para acelerar  el proceso de despoblación”.

La socialista puso como ejemplo los casos de Pozoblanco, Puente Genil o Lucena, donde el cierre de unidades supondría a las familias tener que desplazarse lejos de sus domicilios para llevar a sus hijos e hijas al colegio, agravando la situación de desigualdad que ya de por sí existe en los pueblos con respecto a la capital.

En el caso del Colegio Virgen de Luna, de Pozoblanco, el PSOE de Córdoba se suma a la comunidad educativa y vecinos del municipio que están llevando a cabo acciones de protesta contra el cierre anunciado por la Delegación de Educación el próximo curso de una de las dos líneas de Educación Infantil de niños de tres años, lo que lo sitúa en desventaja con el resto de centros en el municipio que mantienen sus dos líneas para el próximo curso a pesar de que tienen el mismo número de alumnos que ellos. El centro ya solo podrá ofertar 25 plazas escolares frente a las 50 que ofrecerán los otros colegios públicos locales. Si  esto es así, con el paso de los años el colegio se podría quedar con la mitad de sus alumnos. La supresión de esta línea traería consigo que el profesor de apoyo que existe actualmente desapareciera, y también perjudicaría en un futuro al IES Ricardo Delgado, que es donde los alumnos del Virgen de Luna acuden al cambiar de etapa educativa.

El cierre de líneas educativas en la provincia fue uno de los asuntos tratados en la reciente reunión que Rafi Crespín mantuvo con la dirección de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (AMPAS) de Córdoba por la Educación Pública (FAPA Córdoba-Ágora), en la que estuvo presente la secretaria de Educación de la Ejecutiva Provincial, Mamen González, para poner en valor el peso de las familias como pata fundamental dentro del sistema público de nuestra educación. “Las familias representadas en las asociaciones de madres y padres deben tener su espacio y su voz porque están en el día a día de cuáles son los retos y desafíos que debemos abordar para lograr la calidad y excelencia,” apuntó la socialista.

En este punto, planteó a FAPA Córdoba-Ágora la posibilidad de reavivar un convenio de colaboración para actos y jornadas que fomenten la matriculación de los niños y niñas en los centros públicos, así como para hablar de la Educación pública en positivo: “cada vez que la Educación Pública es noticia lo es por carencias y reivindicaciones como el cierre de líneas, superación de las ratios, despido de docentes, problemas con las instalaciones e infraestructuras o falta de recursos,  pero nuestro sistema público educativo es también el de las buenas prácticas para todos, el de la inclusión y la igualdad, y el que mejores resultados arroja en índices interno de evaluaciones”.