El parlamentario andaluz por el PSOE de Córdoba y portavoz de Universidad, Investigación e Innovación del PSOE regional en el Parlamento de Andalucía, Antonio Ruiz Sánchez, ha pedido al consejero de Universidad, Gómez Villamandos, que inicie “sin más dilación” en febrero la tramitación de la nueva Ley autonómica de Universidades al tratarse de una ley necesaria para el funcionamiento y el futuro de la universidad andaluza en lugar de dar prioridad a la creación de universidades privadas en la comunidad, tal y como está haciendo tanto en la pasada como en esta legislatura.
“Sabemos que Gómez Villamandos -afirma el diputado- ha retrasado el inicio de la Ley andaluza pues anunció en marzo de 2023 que la Consejería de Universidad había iniciado los trámites para elaborar el Anteproyecto de Ley Andaluza de Universidades (LAU), pero no ha sido así, y ya llevamos diez meses de retraso”.
Según el diputado socialista, no es la primera vez que la Consejería incumple los plazos: “los contratos predoctorales, por ejemplo, debían haberse convocado en septiembre de 2023 tras el parón en 2022 y ya han pasado dos años sin programa predoctoral”.
Para el Partido Socialista de Andalucía, el çonsejero y el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, “están embarcados en una oposición permanente al Gobierno de España y ello acarrea retrasos, a veces, tácticos, en la puesta en marcha de medidas y leyes necesarias”. En este sentido, ha recordado que Gómez Villamandos anunció hace meses en prensa que Andalucía estudiaba recurrir al Constitucional contra la LOSU y que “probablemente aconsejado por juristas, optó finalmente por no presentar el recurso pues existían serias dudas de que ganase el contencioso”. Más tarde, anunció que desistía de adaptar la Ley andaluza de Universidades a la LOSU pues, y según sus palabras, “vamos a esperar a ver qué pasa el 23-J y si el PP gana las elecciones como se espera, haya modificaciones”. No fue así, y la nueva Ley Andaluza de Universidades sigue en dique seco.
Según el diputado socialista, el consejero de Universidad retrasa la nueva Ley andaluza “porque ha de ir en sintonía con la LOSU y dicha ley estatal no le gusta pues resulta muy cara”, tal y como Gómez Villamandos ha afirmado en diversas ocasiones.
La LOSU aspira a un 1% del PIB en inversión en universidad. “Para el Gobierno de Moreno Bonilla -apunta el diputado socialista-, invertir en universidad y ciencia, tal y como exige la LOSU, es tremendamente caro, pero gastarse 38 millones de euros en un spot publicitario es una inversión”, por lo que ha agregado que “habría que recordar que las universidades públicas españolas, según un estudio reciente, multiplican por 5 cada euro invertido en ellas: Invertir en ciencia y universidad también es una inversión rentable”.
Para Ruiz Sánchez, al Gobierno de Moreno Bonilla le cuesta asimilar este concepto, tal y como demuestra el hecho de que el presupuesto de la partida 5.4.A de los Presupuestos de la Junta (la dedicada a investigación) haya pasado a menos de la mitad en tres años (de 345 millones a 160). “El próximo movimiento táctico de Moreno Bonilla y el consejero será pedir a Madrid el dinero para alcanzar dicho 1% de inversión en lugar de asumir el reto en un asunto competencial propio”, ha espetado.
Para el portavoz de Universidad del PSOE-A, aparte del citado frentismo al Gobierno central, existe otro motivo para los retrasos de estas dos leyes en la Consejería. El presidente Moreno Bonilla pidió a Gómez Villamandos que diera prioridad en esta legislatura a las leyes relacionadas con las universidades privadas. “Por ello -afirma el diputado socialista, ya se han aprobado dos leyes en el Parlamento sobre universidades privadas y va a entrar próximamente una más sobre privadas en febrero. Y, sin embargo, aún no sabemos nada de la Ley de Universidad Andaluza, ni tampoco de la Nueva Ley de Ciencia”.
El Partido Socialista de Andalucía presentó en julio una Proposición no de Ley que pedía que se iniciara los primeros trámites para la aprobación en el Parlamento de Andalucía de la Nueva Ley de Ciencia Andaluza antes de que finalice 2024, una PNL que fue aprobada por todos los grupos políticos. Según el parlamentario socialista, “el PP, que no llevaba en su programa electoral una nueva Ley de Ciencia, también votó a favor de esta PNL por lo que presionaremos para que no incumpla dicho plazo y los trámites se inicien a finales de 2024”. Se trata, según Ruiz, de una iniciativa importante que pedía que la nueva Ley andaluza de Ciencia impulsara y financiara medidas de estabilización como la consolidación de las plantillas estructurales, la renovación generacional, así como abordar de manera efectiva la brecha de género existente en el ámbito de la investigación. También se pedía que la nueva ley incluyera la aspiración de aumentar significativamente la compra pública innovadora por parte de la Junta.
