La senadora por el PSOE de Córdoba María Jesús Serrano ha defendido hoy la necesidad de fusionar la Renta Agraria y el Subsidio Agrario en un solo sistema de protección de los trabajadores del campo en Andalucía y Extremadura para acabar con las diferencias de derechos y desigualdades en coberturas que incluyen cada uno como consecuencia de legislaciones anteriores, y que penalizan a unos jornaleros sobre otros, fundamentalmente a mujeres, pese a que realicen la misma tarea.
Serrano ha sido una de los 33 senadores y senadoras socialistas por Andalucía y Extremadura que han presentado este mes de diciembre una moción en la Cámara Alta en la que instan al Gobierno a “impulsar las medidas legales precisas” para mejorar el sistema de protección por desempleo mediante una “reordenación” que refuerce la protección de las personas desempleadas que incluyan la “simplificación de los subsidios agrarios y la renta agraria” para las personas trabajadoras en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.
En una atención a los medios realizada en Baena, la socialista ha explicado que “la mecanización cada vez más utilizada en amplios sectores agrarios como el del olivar, que tiene un peso específico en el sector agrario andaluz y extremeño, está cambiando la realidad sociolaboral del sector primario y, por lo tanto, cada vez son menos jornadas las que produce el sector debido fundamentalmente al cambio en los procesos y sistemas de producción”.
En este sentido, aduce que esta situación “injustamente complicada afecta de forma mucho más dramática a la mujer andaluza y extremeña, y a las personas mayores, con más dificultad para cumplir los requisitos para el acceso a la protección” que se articula a través del subsidio agrario y la renta agraria, en los que hay que acreditar un número mínimo de 35 jornadas en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a la situación de desempleo y que contemplan condiciones especiales para los trabajadores mayores de 52 años.
Serrano recordó que la renta agraria se creó en 2003 como prestación dirigida a los jornaleros “que fueron excluidos del subsidio agrario debido a los duros requisitos impuestos para acceder al mismo por el polémico decretazo del Gobierno del PP en mayo de 2002, con Aznar en la Moncloa”, y agregó que, en consecuencia, “conviven dos sistemas aparentemente idénticos, pero que esconden diferencias importantes”.
Entre ellas, citó el origen de las jornadas, que en el caso del PFEA no se computan en la renta agraria; que las personas beneficiarías de la renta agraria tengan prioridad para participar en los trabajos del programa PFEA; la duración de la prestación, sobre todo en mayores de 52 años, con una clara diferencia mucho más ventajosa para las personas beneficiarías del subsidio agrario, y finalmente la cuantía de las ayudas, más favorable en el caso de la renta agraria.
“No se puede abordar la protección de las personas trabajadoras del campo andaluz y extremeño sin referirnos a una de las herramientas que más incidencia tienen y han tenido en los trabajadores del campo, como es el Programa de Fomento de Empleo Agrario”, argumentó la senadora cordobesa, quien abogó por la necesidad de “refundir los dos subsidios, el subsidio agrario y la renta agraria, en uno sólo para que todas las personas desempleadas tengan los mismos derechos y el mismo nivel de protección, manteniendo los beneficios para el colectivo de mayores de 52 años”.
María Jesús Serrano defendió también una mayor adecuación del sistema de protección a la realidad actual del campo: “hay que tener en cuenta que desde el año 2003 se está produciendo una disminución de los trabajadores del sector agrario, con especial incidencia en las mujeres jornaleras, dadas sus mayores dificultades para reunir el requisito de las jornadas, habida cuenta de la creciente mecanización del campo”.
La senadora recordó que, excepcionalmente, con motivo de la reducción de la actividad agraria a consecuencia de la sequía, el Gobierno de España ha posibilitado que los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura puedan acceder al subsidio y a la renta agraria con 10 jornadas trabajadas, en lugar de las habituales 35 jornadas, lo que estará vigente desde el 1 de noviembre pasado hasta el 30 de junio de 2023.
